LOS MÉDICOS Y LAS BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL

El gasto por Incapacidad Temporal (IT) fue en el año 2002 de 2.349 millones de euros, subiendo en el 2003 a 2.640 millones, un 11 por ciento, que llegó al 12,45 en 2004, superando la cifra de 3.000 millones de euros, cifra que quedará pulverizada en el 2005.

En el año 2004, alrededor de 86.000 trabajadores agotaron el periodo de 12 meses de incapacidad temporal, antes de recibir el alta. Cifra que según los últimos estudios demuestra un alto porcentaje de fraude, al que se le unen las bajas por trastornos psicosociales -depresión, estrés, acoso moral en el trabajo o síndrome de “estar quemado”-, bajas estas que han aumentado en un 25 por ciento en los últimos tres años.

Qué papel está jugando en todo esto los médicos?, ¿están cumpliendo correctamente con los criterios evaluadores o simplemente están siendo complacientes con la sola petición de baja por parte del trabajador? Quizás sea éste el punto de partida unido a una potenciación de la formación y coordinación entre inspectores y médicos, antes que proceder a la supresión de su capacidad de decisión, si prospera la intención del Gobierno de delegar la función de las altas en los inspectores médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en detrimento de los inspectores de servicios sanitarios y los médicos de familia a través de la introducción de una modificación legislativa de acompañamiento a la Ley de Presupuestos de 2006.

Comparto la opinión del presidente de la Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista (Semergén), Julio Zarco, quien asegura que “el médico de Primaria es el único que puede hacer la evaluación, porque conoce mejor todas las circunstancias sanitarias, familiares y sociales del paciente”, pero también será necesario recordar que la “evaluación” deberá ser real y no un mero trámite administrativo de complacencia.

En cualquier caso la utilización una vez más de las leyes de acompañamiento a la Ley de Presupuestos, sin debate y publicidad, esa sí que es y sigue siendo el mayor fraude a los ciudadanos.

Publicado en Redacción Médica el Martes 22 de Noviembre de 2005. Número 221. AÑO I